LO QUE DICEN LOS INFORMES DE DEREHOS HUMANOS

LA SESIÓN DE “EPU” ES CLARO: Las mujeres son víctimas del conflicto

El asunto no requiere mayor duda, sino Derechos Efectivos.

3º Sesión EPU – Diciembre 2008 – CLADEM Colombia

Panorama de derechos humanos de las mujeres en Colombia

Contexto general

La violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia continúa siendo grave. Durante el periodo de julio de 2004 a junio de 2007 por lo menos 5.173 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. Entre julio de 2002 y junio de 2007, se han registrado por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, representando un aumento del 65,5% durante este período, respecto del periodo julio de 1998 y junio de 2002, donde se registraron 577 casos. En ese mismo período los paramilitares han asesinado o desaparecido por fuera de combate a 834 personas cada año, en promedio. Es decir, dichos grupos, en este período han cometido por lo menos 4.174 violaciones al derecho a la vida.

Entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron privadas de la libertad de manera arbitraria por agentes del Estado colombiano.

En el mismo período, por lo menos 344 personas han recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes o han sido víctimas de torturas3 y por lo menos 4.426 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.

Violencia contra las mujeres

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (art.1);recomendaciones del Comité de la CEDAW (11/2007); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (art. 1 y 2); Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de Viena; Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing); Recomendaciones de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias (2002); Recomendación General No 12 (1989); Recomendación General No 19 (1992) que la Política de Seguridad Democrática implementada por el gobierno actual, basada en la confrontación armada y en el involucramiento de la población civil antes que brindar garantías para las mujeres, jóvenes y niñas las expone en mayor medida a la violencia sexual.

La militarización de las regiones –mediante la presencia del Ejército y la Policía- como única manifestación de la presencia estatal, de una parte ha significado un incremento de la violencia sexual y de las denuncias por este delito, y de la otra, antes que contribuir a transformar los conflictos sociales que subyacen al conflicto armado, refuerza formas de violencia contra las mujeres.

Entre julio de 2006 y junio de 2007, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- ha registrado que por lo menos 127 mujeres han muerto o desaparecido a causa de la violencia sociopolítica, es decir una mujer cada tres días6. De ellas, 98 fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo.

Buscando la restitución de sus tierras o el paradero de sus familiares desaparecidos-as, a través de los mecanismos establecidos en la ley 975, han perdido la vida, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), al menos 15 personas y por lo menos otras 200 han sido amenazadas7. Entre las mujeres muertas durante 2007 en tales circunstancias, se encuentran: Yolanda Izquierdo Berrío, asesinada presuntamente por paramilitares el 31 de enero de 2007, en Montería (Córdoba); Carmen Cecilia Santana Romaña, asesinada por uno de los grupos combatientes sin identificar, el 7 de febrero de 2007, en Apartadó (Antioquia); Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, asesinada presuntamente por paramilitares el 14 de marzo de 2007, en Hatonuevo (Guajira); y Judith Vergara Correa.

Desde el inicio de ese proceso el 1º de diciembre de 2002 hasta el 30 de abril de 2007, por lo menos 3.040 personas han sido muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares. De ellas, 248 eran mujeres

Continúan las amenazas y ataques directos contra las mujeres y sus organizaciones, estas situaciones afectan profundamente el trabajo comunitario y los procesos sociales que éstas realizan, ponen en riesgo.

Varios informes -entre ellos los realizados por la OACNUDH, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado y CLADEM4-, coinciden en señalar los espacios privados de las líderes y restringen sus posibilidades para actuar en los escenarios públicos. Estas violencias tienen un costo muy grande para la sociedad colombiana, en la medida en que “la participación de las mujeres en los espacios públicos ha sido el resultado de un gran esfuerzo para enfrentar las costumbres excluyentes de los modelos sociales tradicionales, basados en una distribución social del poder desigual entre hombres y mujeres”.

Los hechos más recientes son las amenazas de muerte firmadas por el grupo paramilitar “águilas negras”, recibidas el miércoles 11de marzo de este año, a 26 personas, activistas de derechos humanos, entre ellas 17 mujeres, poniendo en evidencia que la violencia sociopolítica pasa por la vida y el cuerpo de las mujeres.

Violencia sexual

Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma (artículos 2, 3, 4, 7, 8, 9); Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (art. 1 y 2)

Durante los últimos cuatro (4) años se reportaron un total de 127 casos de violencia sexual ante la Dirección Nacional de Fiscalías, en los cuales la mayoría de agresores fueron identificados como personas pertenecientes a grupos armados legales o ilegales. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó para el año 2006, una cifra de 19.592 dictámenes sexológicos a mujeres11, de los cuales reportaron como responsables a actores armados legales o ilegales. Los casos denunciados en las fiscalías reportan un promedio de 25 denuncias por año en los últimos cuatro años. Sin embargo, estas cifran no reflejan los casos de violencia sexual contra un gran número de mujeres que no los denuncian por temor a las represalias que dichos grupos armados tomen en contra suya o de su familia.

Los trabajos de documentación, entre ellos el de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, evidencian cómo las mujeres, además de ser las principales víctimas, junto con los niños y las niñas como sobrevivientes, por ejemplo, de manera especial de lo desplazamientos, sufren la violencia sobre sus cuerpos, al ser estos considerados por los guerreros como territorios a conquistar para sembrar terror en las comunidades, vengarse de los adversarios, romper el tejido social y organizativo, convirtiéndose así en “trofeos de guerra”.

Violencia sexual contra las mujeres que es ejercida por todos los actores armados –incluida la fuerza pública- que lesiona la integridad de las mujeres y constituye una grave vulneración de sus derechos. “La violencia contra las mujeres [...], forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto”.

“[l]os papás trabajaban todo el día y la dejaban encargada de la casa, luego uno de los miembros de un grupo armado se hizo novio de ella, después la obligaron a que fuera novia de otro, la maltrataban, llegaba golpeada a la casa, los papás también la maltrataban al ver que no respondía con el oficio de la casa y luego ella se suicidó. Se tiene conocimiento de que los actores armados han inducido a la prostitución a varias jóvenes. Una mujer de Cazucá explica que las contratan para vender tintos en las calles como una forma de camuflar esta actividad. Igualmente manifiesta que las niñas son utilizadas como “cebos sexuales” para facilitar los homicidios selectivos.

En muchos casos los actores armados cometen violaciones y abusos sexuales contra las mujeres a causa de sus trabajos políticos, orientaciones sexuales, relaciones afectivas y vínculos familiares o por ser portadoras de VIH/SIDA; controlan la vida íntima de las comunidades -en particular las de las mujeres- mediante la imposición de normas sexistas y homofóbicas y presionan a las jóvenes para que establezcan relaciones sexuales y afectivas con ellos; y, en las regiones que están bajo control de un actor armado o en los territorios en disputa, obstaculizan el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.

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“Los paramilitares (...) prohíben a las jóvenes usar faldas cortas, y quienes desobedecen esa orden son llevadas a los campamentos, obligándolas a cocinar y lavarles la ropa”.

Las cifras de violencia sexual aumentan en el contexto del desplazamiento forzado. Según la encuesta de Profamilia, de las mujeres en “condición migratoria por conflicto armado”, 8.1% fueron violadas, mientras el promedio nacional, según la ENDS 2005, es de 6.1%, lo que indica que una mujer, en situación de desplazamiento, tiene mayor riesgo de ser violada. Con respecto a la persona que obligó a la mujer a tener relaciones sexuales, la encuesta indica que, al igual que en el nivel nacional, el mayor número de violaciones fueron cometidas por un desconocido. Sin embargo, el promedio nacional es de 20%, mientras el de la población desplazada por la violencia es de 28%.

En el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz no se hecho suficiente esfuerzo para hacer visible el delito de violencia sexual cometida contra las mujeres, jóvenes y niñas: violaciones, mutilación genital, control de la vida sexual, imposición de normas de conducta, esclavitud sexual, anticoncepción y aborto forzado. De las 80.000 denuncias recibidas por los fiscales que investigan a los paramilitares apenas figuran 21 casos de mujeres de diferentes zonas del país que sufrieron ataques sexuales por parte de integrantes de estos grupos.

Para las mujeres víctimas de estos delitos, la violencia sexual no era ni es un hecho aislado, sino una violación que ha continuado por parte de los paramilitares durante el proceso de desmovilización. Tras haber sido blanco de ataques sistemáticos durante la guerra, sus heridas físicas y psicológicas se han visto agravadas por el control que los paramilitares ejercen en zonas del país, lo cual se evidencia en el poder y control económico, social y territorial que hoy ostentan los llamados “desmovilizados”, quienes han pasado de victimarios a “líderes” sociales y comunitarios, y como ellos mismos lo afirman, se han convertido en “primera instancia” para la tramitación de conflictos, desde los familiares, vecinales y comunitarios, hasta los que son competencia de inspecciones de policía, jueces y fiscales. Estas personas que se identifican en estas labores con el carné de “desmovilizados”, tienen ingerencia en las Juntas de Acción Comunal, en las Juntas Administradoras Locales y han creado un sin número de organizaciones, tales como cooperativas, corporaciones, clubes juveniles y deportivos.

En resumen, el Estado colombiano no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, las recomendaciones del Comité de la CEDAW, la ACNUDH ni los compromisos que se derivan de los tratados internacionales. Esto, sumado al irrespeto de las normas humanitarias por parte de todos los actores armados que participan en las hostilidades –guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública- ha permitido que se continúen cometiendo graves crímenes contra las mujeres. La violencia sexual perpetrada por los actores armados contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano, queda en la impunidad dado que el Estado Colombiano no ha actuado con la debida diligencia, que comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad.